¿A Quienes Pertenecen los Derechos sobre el Software, a la Empresa o a los Empleados?

¿A Quienes Pertenecen los Derechos sobre el Software, a la Empresa o a los Empleados?

El conocimiento es la llave del éxito. Acaso, en el siglo que corre, uno de los recursos más importantes que determina la competitividad y el futuro de un país.

Es por eso que aquellos que vuelquen sus recursos en Investigación y Desarrollo (I+D) serán las que dominen la escena del globo.

 

La producción intelectual, en ese camino, es una parada impostergable para cualquiera nación y empresa.

Una herramienta de incentivo a la producción y creación como ninguna otra.

 

De allí surgirán los bienes y servicios que luego lograrán insertarse en el núcleo de los mercados más exigentes del mundo.

De allí surgirá el progreso.

 

Toda sociedad tiene derecho a acceder y disfrutar de los bienes culturales ideados en su propio centro de invención pero para que esto suceda es imprescindible balancear este derecho con el del autor de los bienes culturales.

 

En ese sentido, una de las dificultades que presenta el marco legal colombiano para las empresas de software es el relativo a la propiedad intelectual de las creaciones desarrolladas por los empleados.

 

La Ley de Derechos de Autor dispone que “cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, sólo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato.

Por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra” a favor de la persona que la ha encargado, conservando los contratados el derecho a ser reconocidos como autores y el de integridad de la obra.

 

A fin de que opere esta presunción de transferencia de los derechos a favor de la empresa que encarga la elaboración de la obra, en el caso un software, la ley colombiana exige que se cumplan acumulativamente tres requisitos:

  1. Que exista un plan señalado por la persona que ha encargado el trabajo.
  2. Que la elaboración de la obra corra por cuenta y riesgo del contratante.
  3. Que se pacten expresamente los honorarios del contratado.

 

El problema se plantea a la hora de interpretar el concepto “contrato de servicios”. ¿Comprende a todo el personal contratado por la empresa, tanto a los profesionales independientes como a los trabajadores en relación de dependencia, o solamente abarca a los primeros?

En este sentido, es preciso tener en cuenta que la Dirección Nacional de Derechos de Autor entiende que el concepto “contrato de servicios” se circunscribe al contrato de locación de servicios de la legislación civil, es decir, al contrato en virtud del cual una persona encarga a otra, que actúa de manera independiente, la prestación de un servicio o la realización de una obra determinada contra el pago de una suma de dinero.

El contrato de trabajo en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, con su nota característica de dependencia y subordinación del trabajador respecto de la empresa empleadora, estaría excluido de presunción establecida por la Ley de Derechos de Autor.

 

La consecuencia de esta interpretación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor es que si los desarrolladores de una empresa de software son trabajadores en relación de dependencia, no se aplicará la presunción de transferencia de los derechos de autor en los términos reseñados anteriormente, quedando a la empresa la vía legal de la cesión de derechos de autor, que exige instrumentar el contrato en escritura pública o documento privado reconocido ante notario y registrarlo en el Registro Nacional de Derechos de Autor.

Esto complica la operatoria de las empresas, atento que normalmente los contratos laborales no son celebrados por escrito ni se cumplen al respecto formalidades como las que exige la Ley de Derechos de Autor.

 

Sin embargo, este criterio no es unánime, en el entendimiento de que el concepto de contrato de servicios incluye a los contratos de trabajo o, también, de que en el caso del software desarrollado en el ámbito empresarial no sería necesario recurrir a la cesión de derechos, por tratarse de una obra colectiva, caso en el cual la legislación de derechos de autor reconoce la titularidad en cabeza de la persona que encarga la obra.

 

Es importante que las empresas de software colombianas tengan en cuenta estas cuestiones y tomen los recaudos necesarios a fin de prevenir posibles conflictos legales o verse afectadas económicamente al no poder gozar de los derechos de explotación y comercialización sobre sus desarrollos.

Los países más competitivos no son sólo los que producen mayor cantidad de conocimiento, sino también aquellos que promueven la cultura de respeto a la propiedad intelectual y a las disposiciones legales y contractuales que regulan este tema.

Artículo publicado con autorización expresa de Carranza Torres & Asociados
Créditos de las fotos e imágenes: Microsoft Corporation

Acerca de la Autora:

Katalina Rojas Hernández

Nació en Bogotá, Colombia, el 16 de noviembre de 1981. Abogada recibida en la Universidad Sergio Arboleda.

Especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes.

Cuenta con más de cuatro años de experiencia en Litigio, Propiedad Industrial en el manejo de Marcas y Derechos de Autor, con un enfoque profundo en temas de Negociación.

Asimismo, es autora de varios artículos sobre derecho informático en referentes reconocidos del mercado local. Actualmente, es Abogada de Carranza Torres & Asociados, Estudio Jurídico líder en Asesoramiento Legal en Tecnología, donde se desempeña en el Área de Propiedad Intelectual.

Enlaces de interés:
Carranza Torres & Asociados - Colombia
Carranza Torres & Asociados - Argentina