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¿En Propiedad Horizontal, son Inconstitucionales las Sanciones que se imponen a Copropietarios por Inasistencia a Asambleas?

Por Edinson Pino Castillo

 

 

La ley 675 de 2001 regula lo referente al funcionamiento de las copropiedades que se generan del proindiviso especial denominado PROPIEDAD HORIZONTAL. Aparte de la administración y mantenimiento de los bienes comunes, esta ley define pautas de respeto y tolerancia para la comunidad que convive de manera conjunta, entre otras cosas indica que se busca “garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella.

 

Adicional a lo anterior, la ley 675 de 2001 señala unos principios orientadores básicos tales como propender al establecimiento de relaciones pacíficas de cooperación y solidaridad social entre los copropietarios o tenedores, el respeto de la dignidad humana, el respeto a la libre iniciativa empresarial y el derecho al debido proceso.

La ley 743 de 2002 regula -entre otros- el funcionamiento de los organismos conocidos como JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL estableciendo un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares y para el cabal ejercicio de derechos y deberes de sus integrantes (habitantes de barrios).

En esa ley (743 de 2002) se señala que se busca el desarrollo de la comunidad para mejorar la calidad de vida de las comunidades y tiene como pilares fundamentales la solidaridad, la capacitación, la organización y la participación.

 

Las dos leyes precitadas tienen varias cosas en común que jurídicamente igualan a la PROPIEDAD HORIZONTAL con los barrios administrados por las Juntas de Acción Comunal. Las similitudes -entre otras- son:

  1. En ambos casos, se regulan las relaciones y convivencia de los miembros que integran estas comunidades de seres humanos, ya sean propiedad horizontal o barrios (integrantes de comunas) de una ciudad.

  2. En ambos casos se trata de entidades sin ánimo de lucro -ESAL- de naturaleza civil, no buscan utilidades para distribuir, su finalidad es social, altruista, humanitaria, comunitaria, solidaria; se deben visualizar como una “extensión del Estado” en el sentido de que están para atender a la comunidad ejecutando labores que normalmente debería ejecutar el Estado.

  3. La personería jurídica la conceden las alcaldías municipales o distritales bien sea para propiedades horizontales o para juntas de acción comunal. Ambas son personas jurídicas de naturaleza civil

  4. Las propiedades horizontales y las juntas de acción comunal no son contribuyentes del impuesto de renta ni de impuesto de industria y comercio, respeto de sus actividades misionales.

  5. La administración de las propiedades horizontales y de las juntas de acción comunal deben respetar el derecho a la igualdad, el debido proceso y demás derechos fundamentales del ser humano consagrados en nuestra constitución política



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La diferencia sustancial entre estos entes reguladores de las relaciones comunitarias (propiedad horizontal y juntas de acción comunal) radica en que las juntas de acción comunal no administran bienes comunes en cambio la propiedad horizontal sí lo hace.

De otro lado, la Constitución Política colombiana no contempla el voto obligatorio, este ejercicio democrático es voluntario, significa que el que no vota -porque no quiere hacerlo- se acoge a las decisiones adoptadas por los que si votan. No hay sanciones ni castigos para los no votantes porque sería discriminatorio y violatorio del principio constitucional de igualdad, lo que si hay son algunos estímulos -premios- para los votantes.

Ya para efectos de sesionar y decidir, se contemplan unos quórums decisorios (asistentes a la reunión) y unos quórums deliberatorios (mayorías exigidas). Este principio aplica para cualquier corporación, pública o privada,  empezando por el mismo Congreso Nacional.



El precepto constitucional señalado en los dos párrafos precedentes se replica y se respeta en la elección de las Juntas de Acción Comunal y sus decisiones. En cambio, para Propiedad Horizontal se interpreta recurrentemente en los reglamentos de propiedad horizontal y en sus asambleas que la ley 675 de 2001 permite imponer sanciones al que no asiste y consecuentemente, no vota en las asambleas, entendiendo el voto como una obligación no pecuniaria, es decir, considerando obligatorio el voto.



La Corte Constitucional consideró exequible el numeral primero del artículo 59 (ley 675 de 2001) pero ella no se ha pronunciado sobre el numeral segundo del mismo artículo que es el que pareciera sugerir la sanción por no votar.

Escribo “pareciera” porque el numeral -2- del artículo 59 (ley 675 de 2001) señala que se debe sancionar un incumplimiento por obligaciones no pecuniarias, entendido este incumplimiento con consecuencias monetarias (daño) a la copropiedad.

Pero, si están ya definidos los quórums decisorios y los quórums deliberatorios y finalmente la copropiedad en asamblea decide, la inasistencia de un copropietario no puede ser sancionada pecuniariamente porque la copropiedad en manera alguna resultó afectada.

 

Esa sanción por no asistir a la asamblea genera:

 

  1. Desigualdad con los otros copropietarios porque el sancionado por inasistencia está contribuyendo al sostenimiento de la copropiedad con una suma mayor a la de los no sancionados. Se está coadyuvando con una suma superior a la exigida, convirtiéndose esta sanción en el cobro de un tributo no contemplado en la ley.

  2. Un tratamiento equivocado en la copropiedad porque ella es una ESAL de naturaleza civil y las pretendidas sanciones por inasistencia a las asambleas hace que se parezca más a una sociedad comercial que busca el lucro. Esto, porque pareciera que las consabidas sanciones se persiguen como si fuesen un fin propio de la copropiedad.

  3. Desigualdad con las personas que no asisten a las elecciones de juntas de acción comunal y nunca son multadas. Las juntas de acción comunal son una persona jurídica similar -igual- a la copropiedad y no se pueden dar tratamientos diferenciales o discriminatorios que la Constitución Política no contempla.

  4. Desigualdad con las personas que no votan en los comicios electorales en Colombia, porque nunca son multados por no votar, recordemos que el voto en nuestra democracia no es obligatorio.

  5. Las sanciones que se imponen a quienes no asisten a las asambleas de copropietarios se sustentan en el reglamento de propiedad horizontal, siendo este reglamento una norma de inferior jerarquía a la ley 675 de 2001 y esta ley de manera taxativa no impone sanción a la inasistencia a las asambleas (las sanciones pecuniarias deben ser taxativas, además la Corte Constitucional no se ha pronunciado a este respecto. Ahora, la ley 675 de 2001 es una norma de inferior jerarquía a la Constitución Política y esta última no discrimina, no contempla desigualdades.



Al resultar violado el principio de igualdad constitucional, resultando discriminadas las personas que son sancionadas por no asistir a las asambleas, particularmente considero inconstitucional las multas que se imponen a las personas que no asisten a las asambleas de copropietarios (propiedad horizontal).

Entre tanto y como Colombia es un Estado Social de Derecho, hasta que exista un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el numeral -2- del artículo 59 de la ley 675 de 2001 junto con los reglamentos de propiedad horizontal que contemplan estas sanciones, sería importante que la Propiedad Horizontal en cabeza de sus asambleas y administradores, como es de su albedrío, revaluaran el cobro de este tipo de sanciones, a la manera de una excepción de inconstitucionalidad.

Ya para finalizar, debo señalar que este concepto escrito es una opinión personal que puede no ser compartida, por ello, ante las dudas, recomiendo consultar a las autoridades competentes.

 

Créditos:

Fotografía: https://pixabay.com/es/edificio-paisaje-edificios-altos-783553/



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