Responsabilidades Penales Tributarias en Colombia

Responsabilidades Penales Tributarias en Colombia

El Código Penal colombiano y el Estatuto Tributario nacional contemplan sanciones de tipo penal para omisiones fiscales que deben ser conocidas por todos.

Son ellas:

1 - Responsabilidad Penal por no consignar el IVA y la Retención en la Fuente

El Código Penal colombiano contempla una sanción para aquellos agentes retenedores de impuestos o recaudadores de IVA.

 

La norma vigente del código penal textualmente dice:

 

 

ARTICULO 402. OMISION DEL AGENTE RETENEDOR O RECAUDADOR:

El agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o quien encargado de recaudar tasas o contribuciones públicas no las consigne dentro del término legal, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a 1.020.000 UVT.

En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas.
Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones”.

 

No transcribo el parágrafo del artículo anterior porque fue derogado tácitamente (artículo 42 Ley 633/2000).

 

Ahora, el artículo 402 del Código Penal transcrito precedentemente se complementa con el artículo 665 del Estatuto Tributario, el cual solo tiene vigente el parágrafo (unificado artículo 42 Ley 633/2000) que dice:

“Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga en su totalidad la obligación tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, mediante pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a responsabilidad penal”.

 

De la lectura armónica de los dos artículos transcritos, 402 del Código Penal y 665 del Estatuto Tributario, podemos concluir lo siguiente:

  • Las sanciones penales proceden porque se trata de dineros públicos en manos de terceros, dineros estatales que pasan por manos particulares quienes deben tratarlos con guantes de seda -con celo de dueño y delicadeza de tercero- porque los dineros públicos son de todos.

 

  • Lo referente a retenciones en la fuente aplica solo para impuestos nacionales, a pesar del artículo 59 Ley 788 de 2002, el cual ordena a los entes territoriales acogerse al procedimiento tributario nacional.

 

  • El delito penal se configura a los dos meses contados desde el vencimiento de la declaraciones y desaparece una vez se cancele lo adeudado.

 

  • La pena de prisión se paga sin perjuicio de la cancelación de la deuda y de las probables sanciones económicas, es decir, la pena privativa de la libertad que va de cuatro a nueve años, no exime al infractor de pagar lo adeudado.

 

  • Las sanciones penales se aplican a personas naturales, por ello, tratándose de personas jurídicas, responden los representantes legales quienes quedarán con la mancha en sus antecedentes penales.

 

  • Para que proceda la sanción penal, los agentes de retención deben ser previamente requeridos por la DIAN (Concepto 70057 de 2006).



2 - Responsabilidad Penal por uso Fraudulento de Cédulas

Así como en comicios electorales los fallecidos votan, hay contribuyentes que pretenden acceder a beneficios tributarios acudiendo a ellos.

 

En este caso y específicamente para el uso doloso de cédulas de seres humanos muertos, el Estatuto Tributario nacional estipula en su artículo 650 que:

“El contribuyente o responsable que utilice fraudulentamente en sus informaciones tributarias cédulas de personas fallecidas o inexistentes, será denunciado como autor de fraude procesal. (…) y tal error no podrá ser subsanado posteriormente, a menos que el contribuyente o responsable pruebe que la operación se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue informada, o con su sucesión”.

 

 

El tipo penal del fraude procesal está contemplado en el artículo 453 del Código Penal colombiano:

“El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”.

 

De la lectura armónica de los dos artículos transcritos, podemos concluir que:

    • Se está induciendo a un servidor público a error, en el sentido en que se le están informando transacciones inexistentes para determinar tributos favorables al contribuyente en detrimento del patrimonio público.

 

    • La pena de prisión se paga sin perjuicio de la cancelación de la multa pecuniaria.

 

    • Es una presunción de hecho porque si se demuestra que la operación no fue dolosa, mal intencionada y se realizó antes del fallecimiento de la persona cuya cédula fue informada, o con su sucesión, no procede la sanción penal.




3-Responsabilidad Penal por no Certificar Correctamente Valores Retenidos.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que la actuación de no certificar correctamente debe ser dolosa, malintencionada, si la diferencia procede por error humano, no procede la sanción penal.

 

Lo segundo a tener en cuenta es que para efectos de la ley penal (artículo 294 Código Penal), el certificado es un documento, entendido este como toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos, que tengan capacidad probatoria.

 

Con las claridades anteriores, el artículo 666 del Estatuto Tributario nacional contempla que:

 

“Los retenedores que expidan certificados por sumas distintas a las efectivamente retenidas, así como los contribuyentes que alteren el certificado expedido por el retenedor, quedan sometidos a las mismas sanciones previstas en la ley penal para el delito de falsedad.

Tratándose de sociedades u otras entidades quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de las obligaciones.

Para tal efecto, las empresas deberán informar a la respectiva Administración o Recaudación la identidad de la persona que tiene la autonomía suficiente para realizar tal encargo.

De no hacerlo, las sanciones recaerán sobre el representante legal de la entidad. En la información debe constar la aceptación del empleado señalado”.

 

 

Muy bien, ahora, si quien expide fraudulentamente el certificado es un servidor público, puede incurrir en los siguientes tipos penales consagrados en el Código Penal:

 

ARTICULO 286. FALSEDAD IDEOLOGICA EN DOCUMENTO PUBLICO.
El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.

ARTICULO 287. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO.
El que falsifique documento público que pueda servir de prueba (…) la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.

 

Y, si el que expide el certificado fraudulentamente no es servidor público, puede incurrir en los siguientes tipos penales consagrados en el Código Penal:

ARTICULO 287. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PUBLICO.
El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

ARTICULO 289. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO.
El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses.



De la lectura armónica de los artículos transcritos, tanto del Estatuto Tributario como del Código Penal, podemos concluir lo siguiente:

  • El certificado según de sea expedido por un funcionario público es un documento público o y si es expedido por un ente privado, es un documento privado.
  • Aplica para todas las certificaciones de agentes de retención, inclusive para las de tributos territoriales como la del impuesto de industria y comercio.
  • Las sanciones penales se aplican a personas naturales, por ello, tratándose de personas jurídicas, responden en orden primero, la persona encargada, responsable y con la autonomía suficiente para autorizar la expedición del certificado y a falta de esta, los representantes legales.

 

 

 

Edinson Pino Castillo
Contador Público ​de la Universidad del Valle y Abogado​ de la Univeridad LIBRE y Especialista en Impuestos​ de la Universidad libre​. ​

 

Cuenta con una experiencia de más de 25 años como empleado en el sector privado en el campo tributario, contable y jurídico, hasta el año 2009.
   
Desde 2010 ​se desempeñ​a como Asesor y Consultor Privado en los campos tributario, contable y jurídico.

Además, es ​Docente Universitario en pregrado y postgrado en los campos tributario, laboral, comercial y contable.

 

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